La tumba más larga

“La tumba más larga es la tumba más sombría que espera a las ciento treinta familias que han quedado”. Con estas palabras, la Parroquia Todos los Santos de Chota expresó su solidaridad, preocupación y protesta contra la matanza de seis humildes campesinos que cobarde y alevosamente se produjo el 1 de agosto de 1979, en La Colpa, entonces jurisdicción del distrito de Paccha, hoy parte de Chalamarca.

Aquella fecha infausta y trágica cayeron: Rogelio Ayay Lumba, Jorge Guevara Miranda, Juan Ayay Vásquez, Francisco Rojas Herrera, Silvestre Marín Cortez y Umbelinda Estela Edquén, quien se encontraba en avanzado estado de gestación. La insania y ferocidad de la policía de asalto, bajo el mando del capitán Hugo Caldas Malpica, ocasionó además una treintena de campesinos, hombres, mujeres, niños y ancianos heridos gravemente, como Martín Rojas que fue pateado, golpeado, desnudado, abaleado y arrastrado hasta el camión, donde fue conducido agonizante al hospital de Chota.

Por qué ese ensañamiento contra los indefensos campesinos que lo único que reclamaban era un pedazo de tierra para cultivarla, cuando existían más de 1500 hectáreas ociosas en manos de un grupo de cooperativistas de la CAP Namoyoc-Colpa. El criminal desalojo, como se señaló en su momento, sólo fue producto de una orden superior del gobierno militar de Morales Bermúdez.

Ese execrable hecho, impulsó un categórico pronunciamiento de la Prelatura  de Chota suscrito por el monseñor José Arana Berruete y once sacerdotes, tal documento concluye: “Al hacer público este pronunciamiento sólo queremos hacer oír el grito del pueblo que sufre y que demanda, justicia, libertad, respeto de los derechos fundamentales del hombre”.

Han transcurrido 34 años y es otra de las tantas matanzas y violaciones a los derechos humanos que ha quedado impune, pero jamás olvidada.

Amor y Llaga N° 497

Repartija

La indignación, legítima, justa y rotunda, no podía ser menor frente a tan grande podredumbre política que se hizo patente con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y Banco Central de Reserva, y que muy bien el pueblo la calificó como una repartija, término este que proviene del hampa.

Repartija es la acción de distribuirse bajo las sombras el producto de un robo, si bien común en los asaltantes y delincuentes de las calles, no lo es menos en la administración del estado, donde las autoridades y funcionarios echan mano a los fondos públicos, sin la violencia del hampa, pero con la misma intención dolosa: apropiarse y enriquecerse ilícitamente.

 Repartija, también significa repartirse, entre gallos y media noche o bajo pactos infames, los cargos públicos, en una especie de toma y dame, con el sibilino propósito de obtener réditos económicos o políticos. Algo que no es novedoso; lo mismo ocurrió, por ejemplo, el 2007, con la elección del TC por el gobierno alanista, cuyo mastines hoy se rasgan las vestiduras para desviar la atención y ocultar el escándalo de los narcoindultos.

Los políticos en el gobierno (y ahora el narcotráfico) se han preocupado siempre de copar y controlar los cargos, no sólo usando y abusando de los puestos de confianza, que es lo de menos, sino copando todo el organigrama de la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial que les garantice protección e impunidad. Y para ello se creó la repartija. 

Amor y Llaga N° 496