Los lectores deben preguntarse por qué del título y tema de
esta nota cuando los asuntos que trata esta columna se dedican de modo
frecuente a Chota. Sólo dos razones. Primero: Lambayeque, especialmente
Chiclayo, soporta una fuerte migración procedente de las provincias
cajamarquinas de Chota, Cutervo, Santa Cruz, Jaén, Hualgayoc y San Miguel,
tanto que algunos muy ingeniosos dicen que Lambayeque es el balneario de
Cajamarca.
Segundo, porque debido a esa presencia, las principales
autoridades de Chiclayo y Lambayeque proceden de nuestras tierras, aunque
algunos personajillos han negado o reniegan de sus orígenes. Presidente
regional, alcaldes y funcionarios de primera línea tienen en sus manos la gran
responsabilidad de conducir los destinos de Chiclayo y Lambayeque, y el gran
reto de demostrar solvencia moral, capacidad e inteligencia.
Pero ocurre que no siempre la realidad coincide con nuestros
deseos. Y encontramos a Chiclayo padeciendo una de las crisis institucionales
más severas en la gestión municipal, es decir caos y desgobierno, con un alcalde
condenado por el delito de peculado de uso, inhabilitado por el Jurado Nacional
de Elecciones, luego contradictoriamente repuesto en el cargo por el mismo ente
electoral, investigado por graves delitos en la licitación de la obra de alcantarillado
por la estafa de una empresa fantasma y otras pestilencias que la prensa está
destapando, igual como la fetidez que inunda las principales calles de la
ciudad Chiclayo.
Tan similar y perversa es la situación de nuestras
ciudades. Chota y Chiclayo padecen las mismas autoridades surgidas no de un
proceso auténticamente democrático, limpio y transparente, sino de un festín
electoral plagado de dádivas, limosnas, compra de votos y conciencias. Entonces,
no es por la procedencia natal de las autoridades que se las debe juzgar, es
por la integridad moral, la honestidad y la capacidad con las que cumplen sus
funciones.
Amor y Llaga N° 475
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