LA MATANZA DE SANTA CLARA (I)

El 15 de junio, se han cumplido veinticinco años de la masacre en la ex hacienda Santa Clara (hoy perteneciente al distrito de Chalamarca, provincia de Chota), donde en forma aleve y cruel fueron asesinados ocho campesinos: Oscar Pacífico Regalado Benavides, (36 años), dirigente rondero, Eduardo Zavaleta Vásquez (17), Florinda Chuquimango Cercado (56), Germán Miranda Bardales (35), Amado Ruiz Guevara (34), Emperatriz Benavides Bautista (39), Augusto Cortez Sánchez (50) y Feliberto Montenegro Aguilar (46), y además de una docena de heridos y 21 campesinos detenidos.

Este hecho sangriento y lamentable, a manos de los efectivos de la “policía de asalto” (así se denominaba este cuerpo de élite) de la entonces 65° Comandancia de la Guardia Civil, con conocimiento y autorización del Fiscal Provincial, se produjo dentro de un contexto nacional de constante violación de los Derechos Humanos y de represión a los movimientos sociales y populares, que también caracterizó al primer gobierno del presidente García.

Los ocho campesinos fueron cruelmente ultimados con armas de guerra (fusiles AKM) como se concluyó con las autopsias practicadas a los cadáveres: Pacífico Regalado: múltiples heridas de bala en el tórax, Gilberto Montenegro: perforación del corazón, Emperatriz Benavides: destrucción del hígado y riñón, Florinda Chuquimango: estallido del cráneo, Eduardo Zavaleta: heridas en el cráneo, Germán Miranda, múltiples heridas en el tórax, etc. Lo que revela la ferocidad con que actuaron los 32 subalternos, un teniente y un alférez, bajo el mando del mayor Wilther Zeballos Velásquez.

El presidente García, tres meses después (agosto 1987), en la plaza de armas de Cutervo, dijo: “Maldito, mil veces maldito aquel que mata un rondero”. Van a cumplirse veinte años de aquel deplorable acontecimiento que enlutó a los ronderos del país. Durante su segundo gobierno ni honró su palabra menos hizo justicia a los campesinos.

LA MATANZA DE SANTA CLARA (II) (450 balas AKM vs. 8 machetes, 1 hacha y 1 máuser viejo)

El 15 de junio de 1987, a las dos de la tarde, cuando aproximadamente doscientos campesinos (hombres, mujeres y niños) se encontraban en el portal, a unos cien metros de la casa-hacienda de Santa Clara, reunidos en asamblea previamente concertada en horas de la mañana con un oficial de la policía, con el propósito de entablar diálogo y solucionar el problema de la ocupación de tierras, la ventas de parcelas y evitar el inminente desalojo, arribaron los efectivos de la guardia de asalto, rodearon a los campesinos y ante un incidente que pudo haberse superado de haber existido una predisposición al diálogo por parte del jefe del operativo, comenzaron a disparar a mansalva contra la muchedumbre que huía despavorida, e incluso uno de los peones de la hacienda que pasó al lado de los efectivos policiales señalaba a los dirigentes. Los ocho campesinos muertos fueron traslados a la morgue de Chota en una camioneta de nombre “Superman”, alquilada por la hacendada, en tanto que los veintiún detenidos iban encima de los muertos.

Esta breve síntesis de los luctuosos hechos de aquel día, nos indican grosso modo el actuar de las fuerzas del orden y del Ministerio Público. Dos días después de lo ocurrido, arribó una comisión de oficiales de la Guardia Civil, presidida por el coronel Javier del Busto Duthurburu, que en su informe al general jefe de la Segunda Región de las Fuerzas Policiales, no hace sino justificar la actuación de los efectivos policiales y la matanza de campesinos, por el “tinte político” de sus dirigentes de tendencia izquierdista, para resguardar la integridad física de cuatro policías “secuestrados” y defender el principio de autoridad, la seguridad y la propiedad privada, etc. Sin embargo, contradiciendo su propia versión de que fueron atacados por los campesinos, el informe indica que se constató el uso de 450 cartuchos calibre 7.62 mm de fabricación norcoreana (es decir, de fusiles AKM, que sólo los usó la policía). En cambio la comisión de oficiales, muy airosa, mostró en forma sarcástica ocho machetes, un hacha, unas botellas, mechas y un máuser viejo, decomisados a los campesinos atacantes.

La matanza de los ocho campesinos en Santa Clara, ha quedado impune. El fiscal provincial de entonces –Ciro Carhuaya Quintana– abdicando de su función de conducir la investigación del delito y ejercer la acción penal ante el Poder Judicial, derivó la denuncia ante el fuero privativo policial de Chiclayo; no denunció el asesinato de los ocho campesinos, pero sí denunció a éstos por violencia y resistencia a la autoridad. ¡Qué irónica burla!