Las
licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones directas públicas
son procesos por los cuales los organismos del Estado, en todos los niveles de
gobierno (nacional, regional y local), convocan y seleccionan a las empresas
para la elaboración de estudios o ejecución de obras, bajo la forma,
modalidades, plazos y condiciones establecidos previamente.
Dichos
procesos se deben realizar, como se advierte, en forma pública. Pero ocurre
frecuentemente que se llevan a cabo entre gallos y medianoche, previo arreglo
bajo la mesa con los miembros del comité especial de licitaciones y la venia de
los titulares de la institución (alcaldes, presidentes regionales, ministros,
etc.), de tal modo que se forman mafias que se enriquecen ilícitamente con
dinero del erario público.
Se sabe que
para “ganar” una licitación, concurso o adjudicación directa hay una
multiplicidad de formas para robar el dinero del Estado, una de ellas son los diezmos,
es decir los funcionarios exigen el 10 por ciento del valor de la obra o
estudio, aunque se tiene conocimiento que ahora exigen hasta el 20 por ciento o
más.
¿Cuál es el
resultado de la corrupción en los procesos de licitaciones, concursos y
adjudicaciones? Obras sobrevaluadas, mal hechas, con materiales pésimos y de
poca duración. Todo lo cual perjudica evidentemente a la población, al
desarrollo y progreso de nuestros distritos, provincias, regiones, y del país.
La
corrupción salta a la vista. Y ahora para el colmo de la burla se presentan de
candidatos.
Semanario Amor y Llaga N° 530
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