Unach a la vista

La reciente aprobación, en segunda votación, del proyecto de ley que autoriza excepcionalmente por el plazo de un año al Consejo Nacional para el Funcionamiento de Universidades (CONAFU), para que evalúe y autorice a las universidades públicas que presentaron su proyecto de desarrollo institucional (PDI), como el caso de las universidades de Tarma, Chota y Juliaca, es un último y definitivo paso para decir: UNACH a la vista.

Desde su creación, el 12 de mayo del 2010, mediante Ley N° 29531, han transcurrido ya cerca de dos años, lapso en el cual la comisión organizadora ha cumplido con todos los requisitos y exigencias; sin embargo, desde el frente interno, esto es de los mismos chotanos, por supuesto hijos putativos de Chota, de diferentes formas han venido torpedeando el funcionamiento ya de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, además de las trabas burocráticas tan características del estado peruano.

Una aspiración con la que soñaron generaciones de estudiantes pronto será una realidad. Deseamos que sea una institución de educación superior que cumpla con los estándares de calidad educativa y que no forme parte de ese conglomerado de universidades  que han devenido en fábricas de títulos, sino, por el contrario, en verdaderos centros donde la formación profesional sea tan elevada a la par que la formación ética.

Es un hecho innegable que las universidades públicas se encuentran en una situación de abandono, de ridiculez presupuestaria, de escasez de recursos, de pobreza académica, inclusive de indigencia moral; que el estado y los grupos de poder, las estrangulan y las dejan sobrevivir a su suerte. Por ello, la batalla por una educación superior de calidad y que contribuya al desarrollo de la región y del país, no culmina con el funcionamiento de la UNACH, sino recién empieza si realmente se quiere una universidad nueva, distinta y mejor.

Amor y Llaga N° 476

Caos en Chiclayo

Los lectores deben preguntarse por qué del título y tema de esta nota cuando los asuntos que trata esta columna se dedican de modo frecuente a Chota. Sólo dos razones. Primero: Lambayeque, especialmente Chiclayo, soporta una fuerte migración procedente de las provincias cajamarquinas de Chota, Cutervo, Santa Cruz, Jaén, Hualgayoc y San Miguel, tanto que algunos muy ingeniosos dicen que Lambayeque es el balneario de Cajamarca.

Segundo, porque debido a esa presencia, las principales autoridades de Chiclayo y Lambayeque proceden de nuestras tierras, aunque algunos personajillos han negado o reniegan de sus orígenes. Presidente regional, alcaldes y funcionarios de primera línea tienen en sus manos la gran responsabilidad de conducir los destinos de Chiclayo y Lambayeque, y el gran reto de demostrar solvencia moral, capacidad e inteligencia.

Pero ocurre que no siempre la realidad coincide con nuestros deseos. Y encontramos a Chiclayo padeciendo una de las crisis institucionales más severas en la gestión municipal, es decir caos y desgobierno, con un alcalde condenado por el delito de peculado de uso, inhabilitado por el Jurado Nacional de Elecciones, luego contradictoriamente repuesto en el cargo por el mismo ente electoral, investigado por graves delitos en la licitación de la obra de alcantarillado por la estafa de una empresa fantasma y otras pestilencias que la prensa está destapando, igual como la fetidez que inunda las principales calles de la ciudad Chiclayo.

Tan similar y perversa es la situación de nuestras ciudades. Chota y Chiclayo padecen las mismas autoridades surgidas no de un proceso auténticamente democrático, limpio y transparente, sino de un festín electoral plagado de dádivas, limosnas, compra de votos y conciencias. Entonces, no es por la procedencia natal de las autoridades que se las debe juzgar, es por la integridad moral, la honestidad y la capacidad con las que cumplen sus funciones. 

Amor y Llaga N° 475