No le falta
razón a un excandidato a la alcaldía de Chota, cuando afirma que la gestión
municipal saliente como la entrante son caimanes
del mismo pozo (Radio Santa Mónica, 6 nov.). Los calificativos quedan
cortos, pero la indignación es muy grande. Más grande aun cuando constatamos la
impunidad con que actúan, la protección policial de la que gozan y el amparo de
las leyes, hechas a la medida y al gusto de los delincuentes públicos.
Todos los
alcaldes que sin pena ni gloria han pasado por la municipalidad de Chota, por
lo menos en los últimos 15 años, han sido denunciados y procesados por graves
delitos contra la administración pública, pero ninguno hasta la fecha ha sido
sentenciado; más bien, la blandura y el pasmoso aplazamiento de los juicios en
estos casos, amén de otras artimañas, terminan por prescribir los delitos y de
este manera quedan impunes.
Hemos visto cómo a costa de las arcas
municipales se han enriquecido en un abrir y cerrar de ojos, cómo los
testaferros de simples bodegueros se han convertido en acaudalados empresarios,
cómo las empresas de construcción ganan las licitaciones, cómo se realizan las
adquisiciones; cómo algunos regidores, funcionarios y empleados afines no
pueden explicar el origen de sus fortunas. Pero nada de ello por lo menos ha
sido investigado.
En nuestro país, lamentablemente, se ha
impuesto la cultura de la impunidad de tal modo que las denuncias quedan
circunscritas a las páginas de los diarios, a las largas investigaciones de las
megacomisiones, a los etéreos expedientes judiciales que bajo sutiles argucias
jurídicas se archivan y se olvidan, quedando el país, la ciudadanía y el estado
peruano a merced de los alibabás y su incontenible banda de cleptómanos (Carlos
Campos Vásquez dixit).
Semanario Amor y Llaga N° 548
